Friday, May 05, 2017

POR QUÉ LOS CENTROS CONCERTADOS NO TIENEN RAZÓN


En los últimos días hemos visto en el País Valenciano que diversos Centros de educación concertada se han unido para protestar contra la política de la Conselleria d´Educació, la cual ha endurecido las condiciones para obtener la financiación para la enseñanza no obligatoria, es decir, los Bachilleres, y ha suprimido ya una pequeña cantidad de unidades en distintos Centros. La izquierda lleva apenas un par de años en el poder autonómico. Hemos pasado más de veinte años de un gobierno conservador cuya ideología en materia educativa se inspira en la protección de la enseñanza privada y la reconversión de la pública en una pura beneficencia para pobres e infortunados de toda ralea. No es extraño, aunque sí muy mezquino, que ahora los grandes beneficiados de esa época nefasta se indignen por un pequeño mordisco a sus intereses, teniendo en cuenta que en la pública nos hemos pasado todo este tiempo viendo como la escuela de todos se iba deteriorando sin remedio.  

Una primera consideración. Entre estos indignados colegios, nos topamos con el Guadalaviar, ubicado en una de las zonas opulentas de la ciudad de Valencia, perteneciente al Opus Dei y orgulloso practicante de la "educación diferenciada", eufemismo tras el que ustedes, queridos conciudadanos, deben saber que se oculta el hecho delirante de que estamos sufragando entre todos un colegio de señoritas, es decir, practicante de un principio tan anticonstitucional como es el de la discriminación sexual. Suena a sarcasmo entrar en la web de este colegio y saber que desarrollan un programa de "empoderamiento para la mujer", que defienden firmemente la igualdad y que en su proyecto educativo no dicen en ningún momento que su colegio es femenino y que sólo hay profesoras... honestidad ante todo. 

Veamos. Definimos enseñanza privada como aquella que se es administrada con las cuotas que pagan sus clientes, y pública como aquella que financia y gestiona enteramente la Administración . La educación concertada presenta la singularidad de ser financiada, como cualquier CP o IES, con capital de todos, pero aplica métodos de gestión privados y cobra cuotas a sus clientes. Se da otra peculiaridad en el caso español, donde el peso de la concertada es inmenso si lo comparamos con los grandes países europeos, que su titularidad corresponde a la Iglesia Católica en más de un noventa por ciento. La presencia de la enseñanza concertada no religiosa o de la enseñanza auténticamente privada, es decir, no subvencionada, es residual. 

La red concertada fue creada en su momento por el PSOE con dos objetivos: racionalizar la política de subvenciones a la escuela privada y, por otra parte, proteger el derecho de los españoles a obtener una plaza escolar en espacios donde, por la razón que fuere, aún no había llegado la red pública. 

La perversión de este sistema, de la que el PP ha sido artífice y el PSOE cómplice, llega cuando lo transitorio se hace permanente, el privilegio se convierte en derecho y lo anómalo y residual se hace sistémico. El concepto de "libertad de elección", en el que se insiste una y otra vez a voz en grito -como si una mentira por el hecho de repetirse una y mil veces terminara siendo verdadera-, contiene una mezquina impostura: si el erario público no accede a financiar los colegios católicos entonces es que el Estado prohíbe decidir a los padres. Esto equivale a insinuar que si la ley me permite deambular libremente, entonces debe pagarme el vehículo, y si admite la libre información, entonces debe pagarme el periódico que adquiero en el kiosko. 

Lo peor es que, en la práctica, el resultado es liberticida, o sea, justamente lo contrario de lo que se anuncia, pues sólo pueden acceder a dichos colegios quienes pueden pagar las cuotas que, de forma ilegal en muchos casos, imponen los Centros, y aquellos que, por distintos motivos, no son rechazados por el propio Centro. Supuestamente los coles concertados no tienen más posibilidad para el rechazo que los públicos, pero esto es falso porque la LOE, ley del Gobierno Zapatero que preveía un cierto control administrativo sobre procedimientos de admisión, nunca fue aplicada en serio. A la hora de la verdad, todos lo sabemos, un chaval conflictivo, con problemas mentales, físicos o del tipo que sea, un inmigrante o un chaval cualquiera que simplemente no presente un perfil grato para el colegio en cuestión es rechazado con la excusa de que "la matrícula está llena". 

Las consecuencias recaen sobre la pública, estoy harto de verlo en el IES donde trabajo y en los colegios públicos de mi zona. Ayer mismo llegaron dos chavales kazajos que, obviamente, no hablan ni papa de español, lo cual supone que habrá que encontrar recursos para ayudarles a integrarse y terminar siguiendo el ritmo de las clases. He tenido alumnos con problemas motóricos muy graves, con enfermedades degenerativas, multitud con necesidades educativas especiales que acuden a la pública porque saben que en ella serán convenientemente atendidos, obligación de la que normalmente la concertada se escaquea... Y, por supuesto, he tenido aulas repletas de alumnos inmigrantes. ¿Ven ustedes salir muchos magrebíes, chinos o negros en colegios de élite que pagamos entre todos? Dejémonos de hipocresías, los centros concertados ofrecen a sus clientes la posibilidad de no juntar a sus hijos con "gentuza", su target de negocio se basa en eso, todo muy evangélico, claro.  

Hablemos claro, la educación privada es un negocio. Está o no bien que lo sea, lo que no se entiende es que quienes se dicen liberales y suelen despotricar contra quienes viven de subvenciones practiquen un modelo segregacionista de un derecho básico como es la educación, fomenten el clasismo desde la escuela y, para colmo, nos quieran hacer creer que lo democrático es que se lo paguemos los demás. 

A menudo he escuchado la frase aquella de que el que consume educación privada "paga dos veces", pues queremos que sufrague el total de los estudios de sus hijos y además que pague los mismos impuestos que quienes acudimos a la privada. Este argumento es parcial. Si usted quiere un guarda de seguridad para el garaje donde guarda su coche debe pagarla por su cuenta, pero además ha de pagar por la policía pública porque los impuestos sirven para garantizar el derecho de todos a la seguridad. En cualquier caso, y siguiendo ese argumento, quien ahora paga dos veces es quien con sus impuestos financia la escuela pública de sus hijos y, encima, la privada que tan generosamente el Estado financia. 

En Finlandia, país de referencia en cuestión educativa, la presencia de la enseñanza privada es residual. Empleemos el dinero y los recursos que hoy se desvían a la concertada en crear una gran escuela pública para todos. Quizá entonces nos acerquemos a Finlandia. De momento seguiremos siendo España, es decir, un país trabado en su progreso por el escandaloso poder del lobby eclesiástico, cuyo mayor interés es fomentar y proteger los privilegios de las élites.   

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