Conocí a Ximo Bosch en los ochenta, cuando ambos nos sumábamos a las movilizaciones contra la Reforma de las universidades del ministro Maravall. Ximo estudiaba leyes, y ya entonces tenía entre los huelguistas algo de personaje legendario. Se decía que había sublevado a media Facultad, a pesar de lo repleta de fachas que Derecho estaba entonces. Siempre he dicho, por cierto, que uno de los grandes errores de la izquierda ha sido escapar del ámbito jurídico... Como si, al igual que sucede con el de la Economía, hubiera que dejárselo graciosamente al enemigo. Recuerdo algunas intervenciones públicas de Ximo: era brillante, pero su apasionamiento, al contrario del de algunos exaltados, parecía sólido y documentado. Nunca vi en él violencia ni arbitrariedad, siempre pensé -como ahora pienso- que era un hombre bueno y sabio.
Recién concluyo "La patria en la cartera", segundo ensayo del Juez Bosch, habitual en muchos escenarios mediáticos y portavoz de una asociación tan admirable como es Jueces para la Democracia. No voy a destriparles el libro, les va a salir a cuenta leerlo porque es magnífico, un estudio que traza con encarnizada precisión el mapa de la corrupción en España. No es un simple informe periodístico, es en gran medida también una investigación historiográfica, así como un catálogo de conclusiones y propuestas que haremos bien en tomarnos muy en serio, pues sospecho que nos va mucho en ellas.
A ver. Cree el juez que la corrupción no es un mal hispánico que podríamos asociar al ADN ibérico, la paella o la tauromaquia. Ciertamente hay un fenómeno hispánico de corrupción excesiva, pero su causa no es "cultural" o atávica, se trata de un problema de desarrollo institucional. Si se mantiene a lo largo del tiempo no es porque "vaya con nuestra esencia", sino porque un régimen tras otro, las élites actúan como poderes extractivos que esquilman al Estado o, lo que viene a ser lo mismo, son el poder económico que compra y somete al poder político.
No es cierto que nuestra calidad institucional sea similar a la de las grandes naciones. Los niveles de seguridad jurídica, imparcialidad en la gestión de las instituciones y meritocracia en el funcionariado están muy por encima de nosotros en los países europeos más desarrollados. En su defecto, que es al fin un defecto de calidad democrática, lo que tenemos es lentitud judicial, sistemas de inspección estériles y subordinados, falta de regulación en los procesos públicos de concurso y contratación, opacidad de gestión...
La tesis que sostiene Bosch, a partir de una análisis muy sólido de la trayectoria de las instituciones españolas es que se registra una continuidad en los procesos de clientelismo y corrupción desde la Restauración hasta el Franquismo y, finalmente, la democracia.
Todos hemos oído hablar del turno de partidos característico del XIX. Figuras como la del cacique o el cesante son reflejo de una arquitectura clientelar perfectamente diseñada. El franquismo dio continuidad a aquella lógica en su aspecto esencial, el predatorio. La aventura republicana generó un coste añadido en forma de violencia feroz, represión e inflamación ideológica, pero, no nos engañemos, el Régimen fue por encima de todo una gigantesca cleptocracia, cuyo objetivo era trasladar la riqueza de los perdedores a los ganadores desde la lógica del botín de conquista. Durante cuarenta años España se colapsaba en su tránsito hacia la modernidad mientras en todo Occidente crecía y se modernizaba la maquinaria estatal. Insisto: el fascismo es la excusa que se dieron los depredadores, en este caso una gran estructura de amigos y afines al Régimen, para dedicarse a lo que siempre han hecho mejor, el pillaje.
Y en esto... la Santa Transición, como la llamaba Umbral. Conviene evitar malentendidos: Bosch no cree que el proceso fuera un timo ni que, como ahora sostienen algunos, vivamos en una pseudo-democracia. La imagen rupturista resulta audaz y sugerente, pero en su radicalidad se estrella contra una evidencia -la de que no sufrimos los rigores de un régimen autoritario como el que tuvimos- y, además, cae en la injusticia de no reconocer los esfuerzos y riesgos de quienes le hicieron frente a la Dictadura para conseguir algo que se pareciera a lo que vino después. Ahora bien, tales presupuestos no deben taparnos los ojos respecto a otras circunstancias que también tienen su peso en el devenir histórico del país. Una es que, en los años en los que el Régimen viró hacia el desarrollismo, ya se empezó a observar que una Dictadura militar era incompatible con la voluntad de presentarse ante el mundo como una nación integrada y digna de confianza.
El tránsito, tal y como fue diseñado por Torcuato Fernández Miranda, con Suárez y el Borbón como figuras visibles, se ejecutó en términos de notable moderación, con pequeñas y astutas rupturas y un sentido general de continuismo destinado a tranquilizar a la oligarquía afín a Franco. ¿Cobardía? ¿Traición? Estos son términos gruesos. Lo que sí es cierto es que todo se decidió desde arriba por mentes muy convencidas de que lo que necesitaban los españoles eran ilustres y valerosos salvadores. Es ese el momento en que se define a los partidos como piedra arquimédica del sistema, apuntalando su organización en vertical, es decir, en términos de fuerte jerarquía.
Entonces vino la amnesia. Dejó de hablarse de la Dictadura y sus horrores, se oficializó un relato heroico y ejemplar de la Transición que incluyó también, como tonto útil, a Tejero y su golpe. Pero el franquismo dejó un legado que terminó estallando en los noventa: los hábitos corruptos. La falta de arquitectura institucional "posibilitó en España la acción de determinadas élites extractivas, que siguieron concibiendo sus relaciones con los políticos como una forma de hacer negocios, al igual que ocurrió durante el franquismo". Pronto extendida a las recién nacidas comunidades autónomas, la corrupción en el Estado y en los grandes partidos se fue convirtiendo, al hacerse sistemática, en el tóxico ideal para escampar entre los ciudadanos la desconfianza hacia los responsables políticos.
El catálogo de los horrores es exhaustivo... y Bosch se refiere casi exclusivamente a casos con sentencias de culpabilidad. Solo nombrarlos ya supone páginas y páginas. El PSOE, tras inaugurar la era de los escándalos en los noventa, cargó de motivos a los que le contestaban con el "tu quoque" con el delincuencial enredo andaluz de los ERE. El PP bate records, aunque con casos como Gurtel se infiere que en Madrid o Valencia esta organización, antes que un partido político, ha sido una asociación destinada al bandidaje... crimen organizado en toda la extensión de tan cinematográfico concepto. El pujolismo en Catalunya, con el famoso tres por ciento, convierte en ridículas las acusaciones al Estado de perseguir las ideas nacionalistas con todos aquellos procesos que afectaron especialmente al Honorable y su familia... Insisto, el mapa del fraude es tan extenso que resulta espeluznante.
Algunas conclusiones enunciadas o inspiradas por el libro de Bosch:
-La percepción de la corrupción en España afecta especialmente a la clase política y sus vínculos empresariales, pero los españoles no creen vivir ante una administración corrompida. No somos en suma una república bananera donde para cualquier trámite hay que "mojar" a algún tipejo con gorra de plato. Esta percepción no es imaginaria. El mal no atraviesa la función pública en su labor cotidiana, el mal está en los centros de decisión últimos, es decir, en la política.
-Los profesionales independientes, esos que en otras naciones -e incluyo al periodismo- señalan y denuncian prácticas irregulares, han sido sistemáticamente disuadidos o suprimidos en nuestro país. La estructura clientelar de los partidos domina el tablero.
-Tenemos un gravísimo problema con la jerarquización de los partidos. Es imprescindible para que nuestra democracia funcione restar atribuciones a las cúpulas y espacios de decisión a los partidos mismos, como ya sucede en otros países de Europa. Estas organizaciones necesitan más democracia interna y facilitar el control desde las bases.
-Hay que cambiar las leyes electorales, en concreto las relativas a las circunscripciones, que establecen una injusta proporcionalidad, destinada a favorecer a los grandes partidos. Las listas cerradas y bloqueadas con las que se concurren a elecciones no solo asfixian la libertad de elección del ciudadano, sino que además alimentan la falta de democracia interna, en la medida en que convierten a los equipos de líderes en auténticos dictadores.
-Hay instrumentos de participación que funcionan bien en otros países y que nosotros no hemos incorporado o hemos optado por no llevar a la práctica. Las consultas populares o la iniciativa legislativa están contempladas en nuestras leyes, pero en unos términos tan restrictivos, que más bien se diría que el objetivo de tales normativas es justamente alejar a los ciudadanos de la política.
... Interesante, ¿no? Al menos a mí me lo parece.
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