CIUDADANÍA

Nunca el gobierno socialista agradecerá lo bastante a la derecha española, en especial al más tenaz y disciplinado de sus ejércitos –la Iglesia Católica- el enorme favor de presentarse sistemáticamente como su enemigo visible. Eso nos permite olvidar –a nosotros y a los propios socialistas- que probablemente sus peores contradicciones son internas.

En un primer nivel de análisis, a poco que se prestan oídos a los argumentos contra la nueva asignatura, denominada Educación para la ciudadanía, uno no puede por menos que pensar que, con todas las dudas que nos cause, su implantación es una pequeña turbulencia comparada con lo que supondría para el sistema educativo que las tesis que se impusieran fueran las de sus enemigos. No sé si es acertada la medida del gobierno, pero sí sé que los argumentos en su contra son torpes.

El planteamiento más escuchado indica que la asignatura es una alternativa laicista al modelo religioso de formación en valores. Así, según tales criterios, cuando el gobierno habla de un “mínimo común ético constitucionalmente consagrado”, no hace sino disfrazar de neutralidad lo que en realidad oculta un profundo sesgo ideológico, encaminado a no reconocer ni favorecer la conciencia religiosa.

No creo en la neutralidad. Siempre somos educados en valores –otra cosa es que tales valores sean buenos- y en la medida en que los agentes tradicionales de la enculturación renunciemos a suministrar pautas de conducta a los nuevos, serán poderes emergentes mucho más incontrolados los que ocupen ese espacio, con la consiguiente desestructuración moral que ello puede acarrear... que en realidad está ya acarreando en estos tiempos en que la televisión parece ser el canguro por excelencia de las familias españolas. Ahora bien, una cosa es ser imparcial –cosa indeseable- y otra convertirse en un adoctrinador, que me parece todavía peor. La dificultad de la derecha para entender que el objetivo de la asignatura no es un orwelliano lavado de cerebro de los niños en favor del ateísmo, la promiscuidad sexual, la negación de la familia y demás espantajos, arranca de su ceguera ante la posibilidad de una educación en valores no basada en el adoctrinamiento. Falta de ethos democrático, consecuencia de haber ejercido en exclusiva durante tanto tiempo la enseñanza moral como evangelización de las masas. Han amenazado durante tantos años con que se pudría la columna si te masturbabas que ahora no entienden que un libro de texto prevenga contra la homofobia o aconseje el uso de preservativos sin que les parezca que quieren volvernos a todos gays y un poco putas. (Lo cual por cierto haría mucho por vaciar las parroquias y dejar a curas y monjas sin trabajo)

Otra de las críticas más escuchadas, y directamente derivada de la anterior, consiste en que se está arrebatando a la familia una obligación que sólo ella debe ejercer. “Los niños han de venir ya educados a la escuela, ya se encargará el profe de enseñarles ciencias”. Este argumento lo he oído cientos de veces, pero la práctica demuestra su absoluto utopismo, su creciente imposibilidad. Yo más bien creo que es al revés: confiar en que la familia o la parroquia -¿por qué no la calle y los amigos?- suministre los valores que hagan factible la convivencia es pura ingenuidad, dado que no pueden garantizar el éxito de la empresa, o pérfido cinismo, dado que en la práctica ello se traduce en la extensión a la moral de la brecha socio-económica. Es magnífico –señores de la parroquia- que los padres transmitan un mapa moral bien ordenado a sus hijos –fundamentado o no en la fe en Dios- pero es una irresponsabilidad de las instituciones confiar en que lo hagan y escaquearse con ello de tal obligación.

En ese sentido, resulta discutible la interpretación del art. 27.3 de la Constitución, al que se apela con frecuencia: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Así, la aparición en el currículum de la nueva materia de conceptos como condición humana, educación afectivo-sexual, construcción de la conciencia moral, corresponde en dicha visión a una intolerable intromisión en el derecho de las familias a educar a sus hijos en sus propias convicciones. No sé porque hay que suponer que los profesores de la asignatura van a dar una visión sesgada y autoritaria de la educación afectivo-sexual, cosa que sí hay que suponer que harán los profesores de Religión, cuyos curriculum se han ocupado desde siempre de la construcción de la subjetividad moral y lo han hecho en clave doctrinal porque para tal misión son contratados y fiscalizados por los obispos, lo cual –teniendo además en cuenta que somos los ciudadanos los que pagamos a estos profesores- constituye una de las más escandalosas anomalías de la moderna España democrática.

No es extraño que ya se hable en consecuencia del derecho a la objeción de conciencia, una figura que por cierto pusieron de moda los jueces más conservadores cuando estalló el asunto de las bodas gays, pero que la derecha hizo todo lo posible por desacreditar en sus tiempos fundacionales, en que se erigió como enseña de los movimientos contra la mili obligatoria. El razonamiento es de una aplastante simpleza: no creo en las leyes que me obligan a justificar ideológicamente en clases de adoctrinamiento a los niños, ergo me acojo al derecho a no cargar con dichas clases. De nuevo el mismo prejuicio, no salen del “positivismo jurídico” y del principio de que la única misión del empleado público es acatar y poner en práctica las normas que emanan del Príncipe. Pobre concepto de la misión de la escuela. El día en que me digan que mi misión como profesor de Ciudadanía o de cualquier otra cosa es enseñar a los alumnos la bondad de las leyes del gobierno coyuntural, lo que se llevarán es una risotada –mía, pero también de mis alumnos y de sus padres, por cierto-. Por eso no objetaré si me piden que dé clases contra la discriminación y a favor de la participación política o la libertad de conciencia, algo que por cierto ya vengo haciendo desde que empecé mi labor docente.

Suscribo en este sentido la argumentación que hace Justo Serna en su blog, que arranca de la consagración de dos tipos de derechos, los naturales y los del ciudadano, que hace la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Quién dice que no corresponde a las instituciones enseñar virtudes cívicas a los niños? ¿Caemos en el adoctrinamiento cuando recordamos la trascendencia del marco constitucional como espacio de la convivencia, exigimos la tolerancia ante el distinto o incitamos a la participación en la deliberación política? No creo que se trata de enseñar normas, no solo normas, no se trata de asegurar la obediencia –y aún menos la servidumbre a través del adiestramiento en las reglas vigentes-... La convivencia es posible a través de concepciones que o deben ser universales y eternas –como el derecho a no ser torturado- o son producto de las corrientes coyunturales de pensamiento y aspiran a mediatizar positivamente la vida de la comunidad. Ambas forman parte de lo que llamamos civismo, y no veo porque la escuela no habría de enseñarlas. Me parece más cómodo y más indecente esquivar el asunto.

Seguiremos hablando. Hay mucha más en juego en este tema de lo que parece a simple vista.