LA DICHOSA AUTORIDAD

"El problema de la escuela es que a los profesores se les ha sustraído la autoridad"... Ésta es la frase que, a vueltas con la ley que pretende sacar adelante con gran sentido de la oportunidad la Presidenta de Madrid, no hemos dejado de escuchar en los últimos días. Suele acompañarse -lo escucho con frecuencia en las salas de profesores- de la que sentencia que la fuente de todos los problemas de la escuela es la indisciplina en las aulas. No puedo negar la mayor, no alude a un ficticio estado de las cosas... Y, sin embargo, no deja de revolotearme la mosca alrededor de la oreja cuando son casi siempre malos profesores los que elevan más el tono para echar la culpa de su evidente fracaso profesional a la indisciplina, única causa al parecer de la triste realidad de que sus zoquetes y traviesos alumnos no aprenden nada en su clase . Es la misma incomodidad que experimento cada vez que algún tertuliano de derechas, nostálgico de las hostias como panes que nos soltaban los maestros del franquismo -debe ser que le gustaba-, insiste a voz en grito en exigir menos blandura a los gobernantes con la violencia juvenil, leyes penales que penen más, sanciones más severas y policías que se parezcan más a Harry el Sucio.

"Hay demasiados derechos", "leyes y jueces son excesivamente indulgentes", "no confundir libertad con libertinaje"... en fin, qué les voy a contar a ustedes que no hayan oído miles de veces en la cola del Mercadona o en la radio del taxi. Las cosas no son tan fáciles, no se resumen en una frase lapidaria dicha por algún españolazo con un par de cojones. Pero eso sí, decir que "vamos a hacer de una vez por todas algo desde la política para reforzar a los profesores" sí genera en el pueblo la sensación de que alguien por fin se ha decidido a atajar el problema del que no paramos de oír hablar últimamente.

Nada tengo en contra del espíritu general de la ley que pretende otorgar al profesor la condición de autoridad pública. Mis razones son las mismas por las que siempre he apoyado que se establezca la figura penal de la agresión a médicos y enfermeras. Basta pasar un par de noches en Urgencias de cualquier hospital público y tener un poquito de sensibilidad para entender que en el sueldo de ATS no entra aguantar a maleducados que quieren ser atendidos sin hacer cola, histéricos que lo piden todo a gritos o indeseables dispuestos a linchar al médico que, según ellos, no hizo lo suficiente por salvar al abuelo. Es cierto que también los revisores del metro, las azafatas de congresos o los carteros sufren de vez en cuando la agresividad injustificable de algunos ciudadanos. Pero hay dos diferencias fundamentales. Una es que la frecuencia de episodios violentos o, cuanto menos, fuertemente conflictivos que se dan en un hospital acercan más el ejercicio de la medicina a la condición de "profesión de riesgo" que la de cualquier otro de los empleados que se me ocurren, con la excepción de un guardián del orden público. La segunda es que si el profesional que trabaja en una clínica es "desautorizado" a gritos o a golpes, si queda indefenso ante cualquier acto de intimidación o "venganza", la función del hospital, que no es otra que la de preservar la salud, se hace imposible.

Traslado todo este orden de razones a la escuela. Jamás he sido golpeado por un alumno o profesor (espero que tal cosa no suceda porque no estoy seguro de que mi reacción sea simplemente la de víctima... me crié en un barrio, qué vamos a hacerle). Sí he presenciado no obstante en mis años de profesión los suficientes episodios de violencia hacia los de mi gremio como para pensar que tales conductas deben salir gratis. La agresión en una escuela de Vallecas de la que se habla en los últimos días es produce sonrojo, pero no está demasiado lejos de infinidad de escenas que viví no hace mucho, por ejemplo cuando una familia entera entró al centro pegando voces y diciendo con aire amenazante que querían "ver ahora mismo al director". Con independencia de lo que ocurriera a continuación, la tolerancia con este tipo de conductas que ponen en peligro los frágiles equilibrios desde los que se sustenta la convivencia es un gravísimo error, y no estoy seguro de que la legislación, tal y como actualmente se aplica, tenga por sí sola el deseable efecto disuasorio. Si gritar o insultar al director de una escuela sale gratis -"te digo que éste me va a oír" o "mi padre le va a poner las cosas claras"-, y si soltarle un mamporro reporta una multa de cien euros, entonces dejemos que los bárbaros canten victoria, pues habrán ganado.

Ahora bien, una cosa es que se deba legislar para proteger especialmente ciertas profesiones y otra muy distinta que este tipo de normas se presenten como el bálsamo para recobrar la autoridad del profesor. Es un error: la autoridad no puede legislarse, creer lo contrario es no entender para nada la naturaleza de dicho concepto.

Es imprescindible que quien entra en una escuela para hablar con un profesor no crea que está en El Corte Inglés ni que su interlocutor es una especie de siervo al que se puede humillar o intimidar. Por no referirme a esos padres -a estos sí los he sufrido en mis carnes- que en algún momento han tenido la desfachatez de descalificar mi competencia profesional y mis dotes pedagógicas por haber sancionado o suspendido a su hijo, mientras yo me mordía la lengua para no ofenderles diciéndoles la verdad: que ellos son unos padres nefastos y los mayores culpables de que su hijo crea que puede interrumpir la clase cuando le dé la gana u ofender impunemente a sus compañeros por su raza o su condición sexual. Lo que intento decir es que la autoridad requiere normas que la posibiliten o al menos que la preserven en el aula de la barbarie de las calles. Ahora bien, la autoridad es otra cosa que la mamarrachada de recuperar las tarimas que -envalentonada ante la resonancia de la propuesta de ley- ha planteado Esperanza Aguirre.

He discutido mucho con compañeros sobre el problema de la autoridad. Creo que hay en la izquierda un trauma peligroso con este asunto, y por ahí encuentro una grieta que algunos discursos reaccionarios pueden aprovechar para que la derecha simule en estos temas una iniciativa política que tiene mucho de impostura. No conozco un solo gobernante de derechas que pretenda defender la educación pública -lo contrario es un oxímoron, me temo-. La política educativa del Gobierno Aznar y la que lleva, les aseguro que absolutamente delirante, el Gobierno Camps en Valencia me hacen pensar que el desalojo de ZP de la Moncloa no haría sino empeorar la salud de esa enferma crónica que es la escuela. No obstante, provoca cierto rédito hacer creer a la gente que todo es una cuestión de mano dura. Tras esa apariencia de socorro a la labor del docente, gravita la sospecha de que es él mismo quien ha tolerado que su imagen se deteriore. Se lo he escuchado a alguno de los voceros de la emisora de la Iglesia: "son ellos los que han permitido que los niños les pierdan el respeto... con todo aquello que se puso de moda en la Transición, de si a mí trátadme de tú y no me llaméis Don José sino Pepito..."

No se contemplan la voracidad del capitalismo ni el consumismo compulsivo ni la violencia institucionalizada como causantes del deterioro de la convivencia en las aulas: son -como siempre- la ruptura con los ridículos formalismos de antiguo régimen, la democratización de los centros, los modelos pedagógicos progresistas o la renuncia a la asimetría en el trato con los estudiantes los que han acabado con la escuela. Lo de siempre: el 68, la izquierda y, si me apuran, los Beatles son los que tienen la culpa de todo...

Tópicos reaccionarios a banda, hay personas muy bien intencionadas que desconfían de quienes defendemos el principio de autoridad en la escuela. Su error, creo, es que confunden autoridad y autoritarismo. El breve análisis etimológico nos induce a pensar que el verdadero abuso semántico se produce con el sentido que otorgamos al "ismo", que desvirtúa completamente el sentido original del concepto. Entre los romanos, se distinguía entre auctoritas y potestas. Gozar de auctoritas supone gozar de legitimidad ante ciertos ciudadanos en virtud de que se detenta un saber, de tal manera que alguien puede considerarse como autoridad consultiva -por ejemplo por el Senado- ante cierta cuestión respecto a la que está cualificado. Por contra, la potestas supone tener el poder legal de ejercer tal o cual derecho. En el segundo caso, la dimensión de respeto a la persona en cuestión queda reducida al simple respeto a la ley; en el primero, interviene una dimensión de culto al saber, diálogo y aceptación de la controversia que tiene poco que ver con la deriva que después hemos identificado como autoritarismo.

La autoridad es indispensable para que en una escuela funcione el ideal enculturador de todo sistema educativo, incluyendo esa dimensión crítica por la cual el neófito aprende a cuestionar las verdades y valores que se le transmiten, algo para lo que también -quizá más que en ninguna otra enseñanza- hacen falta buenos maestros. El autoritarismo, por contra, es el puro y duro ejercicio del dominio. La autoridad requiere respeto, lo que el maestro autoritario necesita por contra es sumisión y obediencia. La autoridad educa, el autoritarismo adiestra. Si no asumimos que el maestro ejerce poder, y que su primera misión es responsabilizarse de qué tipo de poder está dispuesto a ejercer, entonces deambularemos entre el extremo del sometimiento y el abuso y el de la tolerancia cínica y la negligencia profesional... En ambos casos estaremos maleducando.

Es cierto que el principio de autoridad supone aceptar premisas que no tienen buena prensa en la tradición progresista. Por ejemplo, los niños no son "buenos" por naturaleza, en realidad son bastante cabrones, tanto como usted y como yo, solo que sin los filtros de la prudencia que por puro afán de supervivencia hemos adquirido. No es posible negociarlo todo ni la autoridad requiere siempre la aceptación y el consenso... En ocasiones ha de imponerse, a veces en contra no solo de los deseos del alumno sino también del criterio de sus padres, que no entienden por qué a su hijo le hemos sancionado por gritarle "¡vete a tu país!" a un compañero ecuatoriano, si además "solo era una broma". Dice Fernando Savater: "cuando los adultos responsables no ejercen su autoridad lo que reina no es la anarquía fraternal sino el despotismo de los cabecillas". Les aseguro que sé muy bien a lo que se refiere.

Por mi parte, me quedo con la propuesta que formula Gerard Guillot en su interesante La autoridad en la educación. Salir de la crisis -Editorial Popular, Madrid, 2007-, que analiza en profundidad las causas de que la autoridad aparezca dañada en la escuela de nuestro tiempo. Frente a excesos de algunas pedagogías falsamente emancipatorias que no han hecho sino reforzar el adolescentrismo de nuestra sociedad consumista y debilitar los nexos intergeneracionales, y frente a la tentación de recaída en el mito autoritario, Guillot reclama una "autoridad constructiva", la cual no pretende formatear mentes sino enseñar a pensar para juzgar por uno mismo. No erudición ni Reyes Godos, sino espíritu crítico, el cual no es posible sin un buen tejido de cultura general. No tolerancia a las conductas enemigas de la convivencia, pero sí respeto a las personas. No sumisión a un poder fanático y abusivo, pero sí autoridad democrática entendida en sentido deliberativo. Guillot propone, en suma, la formula de una "autoridad del buen trato", una educación genuinamente democrática capaz de construirse desde una ética de la discusión , algo nada fácil de construir -como el propio autor reconoce- en un mundo dominado por el imperativo categórico del provecho y los intereses sectarios.

Difícil, ¿verdad?... pero apasionante desafío éste de la educación. Lo que no termino de creerme es que poniéndome un traje con corbata, subiéndome a una tarima o al trono de Felipe II o poniendo a mis estudiantes de rodillas y con los brazos en cruz -libros de latín sobre la mano incluidos- vayamos a mejorar la cosa, por más que esa nefasta gobernante que es Esperanza Aguirre se empeñe en seguir haciendo demagogia. No estaría mal que, de momento, se preguntaran nuestros gobernantes si con una ratio de treinta y cinco alumnos como la que ahora mismo soporto en mis clases de bachiller se pueden atender las demandas del alumno. Ya puestos, y si siguen llegando alumnos, podrían, además de subirme a la tarima, darme un megáfono, a ver si me oyen los del fondo.

Empezó el curso.