Saturday, September 06, 2014

GOLPE DE CALOR


La escena transcurre en un aula de 2º de la ESO de un instituto valenciano cualquiera. Un niño con una importante minusvalía que le obliga a desplazarse en silla de ruedas ofrece síntomas de lo que podemos asociar con un golpe de calor. El profesor de guardia llama al hospital del seguro privado que tiene asignado el Centro; allí le contestan que sólo envían médico "en casos de accidente y lesiones". El profesor queda preguntándose si en el momento en que alcanzas una parada cardio-respiratoria ya podemos estar hablando de "accidente". En cualquier caso me viene a la memoria aquel chiste de El Roto en que el hospital comunicaba a un enfermo que no iban a atenderle: "Lo sentimos, su dolencia no es rentable".

El suceso se está repitiendo en otros muchos centros y tiene pinta de repetirse por doquier en los próximos días, en los cuales no se anuncian bajadas de temperatura, algo nada sorprendente teniendo en cuenta que estamos en pleno verano. Fue la actual consellera del ramo, doña María José Català, que luce una sonrisa afable y hasta cariñosa en sus fotos oficiales, quien tuvo la ocurrencia de adelantar casi dos semanas el inicio del curso. De esta forma, lo que como consecuencia de la dureza del estío valenciano ya era un problema en enseñanza primaria, se ha extendido a secundaria y bachiller, donde no resulta difícil imaginar la escena de un aula con hasta treinta y cinco hormonados adolescentes derrotados delante de un tipo sudoroso que explica a Kant a las dos y media de la tarde. Y por cierto, digo lo de los treinta y cinco alumnos porque es el partido de la señora Català el que cree firmemente que está muy bien incrementar las ratios (número máximo de alumnos por aula), medida que en su opinión no deteriora la calidad de la enseñanza. Estaría bien que cuando afirman este tipo de majaderías escucharan lo que se dice al respecto en las salas de profesores, creo que a algunos gestores se les desharía la gomina. 

Por lo que a mí respecta, la justificación pedagógica de esta medida se me escapa tanto como la de adelantar a julio las pruebas extraordinarias que antes correspondían a septiembre, aunque a primera vista parece bastante improbable que un alumno recupere una asignatura suspendida habiendo pasado tan solo quince días desde las notas finales. Otra genialidad de la ocurrente Maríajo.

Vuelvo al niño al borde de la lipotimia. Seriamente preocupados, varios profesores del Centro al que me he referido optamos por acudir a todas las aulas provistos con un termómetro y otro artefacto para determinar la humedad relativa y extrajimos las siguientes conclusiones: la media de temperatura a las once de la mañana era de 31 grados, con humedades de alrededor del setenta. Consultado el BOE que reglamenta las condiciones de seguridad en el trabajo en lugares cerrados, descubrimos que la temperatura nunca puede subir de 27 grados, a lo que se añade un baremo de humedad cuyo máximo es el setenta por ciento. Lo que se infiere es que en el caso que relatamos, que es el mismo del de cualquier centro educativo valenciano en estos días, nuestra obligación como empleados públicos sería dar por concluidas las clases. 

Alguien podría pensar que los padres de nuestros alumnos están muy contentos porque tienen a sus niños bien aparcados en el Insti desde que finalizó agosto. Sin embargo, las asociaciones de padres están bastante menos repletas de idiotas de lo que sospecho que piensan en el PP. Los padres de mis alumnos piensan exactamente lo mismo que usted o yo con respecto a nuestros hijos: queremos que en el cole les hagan estudiar y que les riñan si se portan mal, pero no que pongan en peligro su salud. Sé que para la gente del PP valenciano cada protesta que proviene de los profesionales de la escuela pública es producto de la inquina que les tenemos. Les cuesta entender que esa inquina es la que ellos mismos se han ganado a pulso, no hay más que ver a los "especialistas" que han ido colocando en la conselleria educativa -recordemos al simpar Font de Mora-. En cualquier caso, sería una irresponsabilidad por parte del profesorado asistir en silencio a este nuevo ejercicio de devastación de la salud pública y de las condiciones laborales que nos encontramos en los centros educativos. 

Todo por la ocurrencia de una señora que, como el resto de sus correligionarios, no va más allá de la idea de que la educación merece la pena sólo en la medida en que se pueda explotar como un negocio más. Llevan veinte años con el poder autonómico en sus manos y ahora mismo su imagen es la de un partido en descomposición. Hay que ayudarles a marcharse, es una cuestión de salud pública.  

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