¿ES USTED UN DELINCUENTE SEXUAL?

En los últimos días las autoridades educativas han abierto un procedimiento por el cual todos los profesionales docentes -y todos aquellos que trabajan en contacto con menores- hemos de firmar una declaración de no haber sido nunca condenados por delitos sexuales, acompañada de una autorización para que las autoridades educativas puedan acceder a la información que a ese respecto pudiere existir en el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

No voy a engañarles: no creo que el asunto esté generando ninguna especial polvareda. Algunos compañeros han montado en cólera, yo estoy incómodo, somos los menos. No veo mayor controversia, no porque no haya motivos para ella, sino porque albergo la melancólica convicción de que aquella cultura del debate que se vivía hace quince o veinte años en los claustros de profesores de escuelas e institutos ha pasado a mejor vida. Temo que hayamos interiorizado que dialogar no es intercambiar ideas, sino imitar los insufribles estilos de los tertulianos televisivos, es decir, pegarse gritos, o los de nuestros líderes políticos, que hacen denodados esfuerzos por estar a la altura de aquellos. La alternativa de personas ilustradas -y estresadas por cargas de trabajo cada vez mayores como consecuencia de los recortes- es esquivar el debate y recluirse en ese silencio de las salas de profesores que, sin el entusiasmo de las voces ni el tecleteo de las antiguas Olivetti, parecen sepulcros.

Y pese a todo hay partido. Entiendo perfectamente que para alguien que tiene hijos pequeños obtener algunas certezas respecto a quienes tratan con ellos sea importante. La indemnidad de los críos es una prioridad absoluta, pero las actuaciones que se emprendan al respecto deben contemplar también otros derechos también prioritarios. 

En primer lugar no entiendo por qué se me pide una autorización para investigarme. Si la autoridad competente me pide una autorización para investigar mi biografía penal es porque no puede hacerlo de oficio, es decir, sin mi permiso. Cuando alguien me pide una autorización es porque puedo negarme, pero en el documento que me envían se me advierte textualmente que si decido no presentarlo, ello "podría dar lugar a las responsabilidades correspondientes". No se especifican, tales "responsabilidades" pero ¿verdad que suena a amenaza?   

Otra cuestión. Una de los pilares del sistema democrático es la presunción de inocencia. Llevo exactamente veintitrés años ejerciendo mi profesión. Ahora he de demostrar yo que soy inocente, que no soy un delincuente sexual. Muchas personas consideran justificada la iniciativa. Se me ocurre por qué no habilitar a nuestros dirigentes para que investiguen nuestros antecedentes psiquiátricos, pues también hay profesores con problemas mentales que pueden hacer daño a sus alumnos. Peligrosa cuesta deslizante que arranca del punto en que los poderes públicos pueden arrancar parcelas a mi privacidad. Puertas muy peligrosas quedan abiertas desde ese momento. 

Finalmente, se me ocurre pensar -sin ser jurista- en el principio de rehabilitación y reinserción social que sustenta las penas. Imaginemos que yo hubiera sido condenado a los dieciocho años por exhibicionismo, debido a que una vieja corrupia me denunció por bañarme desnudo en una playa, a lo que se uniría un juez igualmente panoli que me consideró culpable. Que yo sepa la penalidad impuesta acaba cuando se cumple, momento en el cual el condenado deja resuelta su deuda con la justicia y con la sociedad. Pero en el documento dichoso debo aseverar que yo nunca he sido condenado.  Todos sabemos que existe la prescripción penal, de manera que a los cinco años de cumplida una pena el afectado desaparece automáticamente de cualquier registro. El documento que me han obligado a firmar supone la existencia de una forma de cadena perpetua, pues se entiende que yo cargo con las consecuencias del delito para siempre. 

Se me ocurre también plantearme qué ocurre con los delitos "sexuales" cometidos antes de que España fuera un Estado constitucional. Pensemos en un homosexual o un travestido, condenados muchos de ellos en tiempos oscuros por figuras como la Ley de Vagos y Maleantes o Escándalo Público. ¿Se negarán a firmar este documento? ¿Los expulsarán de la profesión entonces?

Miren, yo no sé si las autoridades están persiguiendo adecuadamente determinados delitos que tienen que ver con algo tan incuestionable como la protección de la infancia. Creo que esto, de hacerse, habría de hacerse de otra manera y con otros fundamentos jurídicos. En el procedimiento elegido advierto nuevas sombras de descrédito sobre los profesionales de la docencia, tan maltratados por la administración durante el último cuatrienio. Advierto igualmente que se dan nuevos pasos en la lógica que, bajo el supuesto de la alarma social o la urgencia política, justifica la erosión o eliminación de derechos fundamentales. 

Acepto la discrepancia, faltaría más, pero hablemos, demonios, lo que me parece insoportable es este silencio. Parece que puedan hacernos lo que les venga en gana y sólo tengamos el recurso de callar. O de jugar con el puto móvil en los recreos mientras se apagan los ecos de apasionados debates entre quienes, negándose a que les cerraran la boca, ayudaron -desde las escuelas e institutos- a que en España tuviéramos una democracia.