TENTACIONES AUTORITARIAS

DE LA DERECHA

Hace como una década, recuerdo haber estado discutiendo en casa con un familiar sobre algunas decisiones del Gobierno Aznar con respecto al conflicto vasco y la persecución de delitos como el de pertenencia a banda armada o la kale borroka. Con independencia de mis escasas simpatías hacia el partido que en aquel momento regía la nación, entendía que el gabinete reaccionaba frente a la profusión de actos en la calle que, presentándose como reivindicativos, formaban parte en realidad de una estrategia de amedrentamiento frente a quienes no compartían la ideología abertzale. Los gritos y pancartas que jaleaban a la banda, por no hablar de los disturbios perfectamente orquestados y sus consiguientes actos de vandalismo, parecían formar parte de una trama cuyo objetivo -siguiendo aquella vieja doctrina del "cuanto peor, mejor"- pretendían mantener la situación de anormalidad en la sociedad vasca, haciendo impracticable la convivencia en libertad. "No es cierto", refutaba mi allegado, "lo que pretende Aznar es reprimir la disensión ideológica".

La deriva que tomó el ex-Presidente después, y que le costó una imprevista derrota electoral con el asunto de la Guerra de Iraq, da a pensar si era yo el que estaba equivocado. Y creo, sinceramente, que no lo estaba. El secesionismo vasco se ha desacreditado históricamente con demasiada frecuencia debido a la cooperación con la violencia en los sectores radicales y a la indulgencia y el silencio en los supuestamente moderados. En cualquier caso, y esto es lo que parece que la derecha española nunca termina de entender, es una ideología tan respetable como cualquier otra, y tiene todo el derecho a luchar con armas democráticas por sus objetivos, los cuales habrán de consumarse o no con todas las consecuencias en función de lo que sin coacciones hayan de decidir los ciudadanos.

Entre algunos sectores radicales, dentro y fuera de Euzkadi, tiene éxito la teoría de que el Estado español alberga en su código genético la tentación de reprimir el ejercicio de la democracia. Yo no lo creo. Lo que sí creo es que en algunos gobernantes españoles reaparece con demasiada frecuencia la tentación represiva. No es un problema sólo del PP. Hay que recordar asuntos tan oscuros como el de la Ley Corcuera, uno de cuyos artículos más polémicos -el relativo a la llamada "patada en la puerta"- terminó por ser anulado por violar principios constitucionales. Podemos referirnos también a la derecha nacionalista de Catalunya, que parece desde Pujol sintonizar especialmente bien con los gobiernos centrales cuando de normas represivas se trata. Ahora bien, atendiendo a las últimas informaciones sobre la normativa que prepara el gobierno Rajoy, me permito el sarcasmo de sospechar que, a su lado, pasados episodios de violencia institucional pueden quedar en puro buenismo jurídico.

Veamos, si hacemos caso a lo que han dejado caer ya sus propios ideólogos, lo que pretende el Ministerio del Interior es convertir en delito tanto la convocatoria a través de la Red de manifestaciones violentas como la resistencia pasiva. No acabo de saber muy bien qué significa convocar manifestaciones violentas. Si alguien me envía un SMS diciéndome que acuda a tal lugar a manifestarme sobre tal o cual cosa y yo reenvío el mensaje, ¿estoy ya incurriendo en una conducta delictiva? Si pego dos gritos o llevo una pancarta y al mismo tiempo hay cuatro tipos a los que no conozco de nada que a cien metros de mí lanzan un coctel molotov, ¿soy yo tan responsable como ellos de perpetrar conductas violentas? Al contrario que el Ministro De Guindos, soy un tipo que va mucho por la calle, y me preocupa especialmente la convivencia urbana. No soporto el vandalismo, quizá porque vivo en una ciudad como Valencia, donde las autoridades son tradicionalmente indulgentes con ciertas actitudes agresivas muy implantadas, por ejemplo las que se toleran durante las Fallas, las asociadas al fútbol o las que perpetran los conductores de automóviles. Me parece perfecto que se persiga el botellón, que se combatan los excesos que sobre la vida vecinal ocasionan los abusos del ocio nocturno y que se consideren delincuenciales ciertas acciones muy extendidas sobre la propiedad pública o privada, desde la quema vandálica de automóviles o contenedores, hasta la destrucción de mobiliario urbano o cajeros de banco.

Pero lo que ahora tenemos entre manos es otra cosa. Se ha aludido a los incidentes acaecidos en Barcelona durante la huelga general, pero sospecho que lo que de verdad preocupa al Gobierno es el Movimiento 15-M y alguno de sus coletazos más sonados, por ejemplo la llamada Primavera Valenciana. (Tampoco conviene olvidar el 13-M y aquello del "pásalo", que supuestamente ocasionó la victoria electoral de Zapatero y que ha quedado como un trauma no superado por la derecha española) Soy perfectamente consciente de que cuando acudo a una manifestación a la que no se han otorgado los permisos correspondientes, cosa que he hecho en ocasiones, corro el riesgo de que las fuerzas del orden me disuelvan a poco que el acto en cuestión genere una mínima perturbación al orden público. También sé que si me siento en el centro de la calle Játiva puedo ser obligado por razones obvias a deponer mi actitud, y, de insistir, puedo incluso ser llevado a un calabozo y multado por resistencia a la autoridad. No nos engañemos: lo que se está preparando ahora invita a pensar en otros fantasmas.

Desde que llegó al Gobierno, el señor Rajoy no parece haber sido otra cosa que un comisionado de los mercados. No es el culpable de la crisis, y es posible que no esté en su mano tomar medidas muy distintas a las que está tomando -y me refiero obviamente al asunto de los recortes-, por más que resulte irritante la insistencia de los conservadores en descargar los costes de una crisis creada por sus protegidos sobre los servicios básicos, es decir, sobre los derechos de quienes jamás se beneficiaron del dinero fácil y la especulación. Ahora bien, este furor represivo huele a derecha de residuo franquista por todas partes.

Si algo caracteriza a la democracia es precisamente su garantismo respecto a la posibilidad de articular la protesta. La insistencia de la prensa ultra -cada gobierno tiene los ideólogos que se merece- en criminalizar a los indignados parece estar dando sus frutos. Sospecho que detrás hay algo más que enviar a su casa a hacer los deberes a los niños que pararon el tráfico en el Luis Vives. Los gobiernos europeos saben que las medidas de castigo que se están aplicando, de manera especialmente inmisericorde sobre algunos países con la crisis, van a desencadenar -ya lo están haciendo- una respuesta social que se materializará en las calles, con la carga de desgaste que recaerá sobre los gobiernos. Personajes como Rajoy y el hatajo de chiflados que salen en Intereconomía parecen creer que la conflictividad social consiste en eso, cuatro perroflautas que se citan con el móvil para quemar papeleras e insultar a la policía. Pero mucho me temo que el problema tiene bases más anchas.

Claro que como algunos dicen que detrás de los disturbios está Rubalcaba, también podría zanjarse el tema acusándole a él de organizarlo todo a través de twitter.