¿OBJECIÓN DE

CONCIENCIA?

Crecí asociando este interesantísimo concepto a la renuncia al Servicio Militar. Algunos de mis coetáneos pensaban que llevar armas y matar enemigos atentaba contra los principios más elementales del deber, a lo que algunos añadían lo intolerable de la práctica de un secuestro de Estado, en la medida en que, fuera en el cuartel o en situación de prestación social sustitutoria, el mozo quedaba movilizado y obligadamente a disposición del Estado durante un año de su vida. No deja de sorprenderme que hayan sido los sectores más reaccionarios del país los que en los últimos tiempos hayan puesto nuevamente de moda el concepto. Se ha vuelto tan habitual que casi nos parece “natural” que un miembro de una organización tan liberal y progresista como el Opus Dei haga transitar su vida entre manifestaciones por la libertad y recogidas de firmas por los derechos de los individuos frente a la tiranía de las instituciones. Podríamos decir lo mismo de quienes llenan su alma de odio cada mañana con los insultos de la Cope o de El Mundo o quienes –seguramente los mismos- lloran por las noches por la nostalgia del franquismo, aquella España en que no hacía falta reclamar la libertad de conciencia porque los derechos que no existían eran justamente los de los no creyentes. El mundo al revés, parece que la revolución será conservadora, qué cosas.

Aborto, bioética,derecho a guardar ciertas fiestas religiosas, farmacias que no dispensan la píldora del día después, jueces que no casan a parejas homosexuales…. hay quien habla de un “big bang” de la objeción de conciencia: lejos de haberse cerrado el conflicto CONCIENCIA-LEY con el histórico final de la mili obligatoria, lo que ha hecho es extenderse como una mancha de aceite a nuevos ámbitos. Ciertamente el principio de objeción por razón de conciencia no ha sido regulado en normas positivas más que para el tema de la mili; sin embargo el Tribunal Constitucional lo reconoce como un derecho del ciudadano, por lo que una persona que se niega a cumplir una determinada ley por causa moral no queda en situación de desamparo jurídico. No parece difícil convenir en esta cuestión si pensamos en situaciones en las que una determinada práctica atenta contra la dignidad y los derechos de las personas o contra el medio ambiente.

Es este principio el que utilizan abusivamente determinados sectores para legitimar su postura contra la asignatura de Educación para la ciudadanía. En la web del Observatorio para la Objeción de Conciencia, vinculada al Foro Español de la Familia, se defiende la iniciativa objetora de los padres en base a la idea de que dicha asignatura supone una “intromisión descarada” en materias que afectan a la conciencia moral de los niños. Los contenidos del curriculum a evaluar por los profesores atentan al derecho constitucional de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales, lo cual, siempre según este Foro, equivale a oponerse al adoctrinamiento ideológico que presuntamente buscan los impulsores de esta materia. En esta lógica se define la objeción de conciencia como el derecho constitucional a negarse a cumplir una ley cuando atenta contra las propias convicciones de conciencia. Dado que tal posibilidad está recogida por la Constitución, no se trataría tanto de desobedecer leyes como de ejercer un derecho reconocido.

No profundizaré en el problema de la extensión del concepto a ámbitos extraescolares pero tampoco lo soslayaré por completo, pues corremos el riesgo de no advertir los riesgos de abuso. ¿Es lícito que un juez se niegue a casar homosexuales? No, sin presuponer que los derechos de las dos personas que se lo solicitan son inferiores a los de las parejas heterosexuales. Se puede estar en desacuerdo con un ley –a mi tampoco me gustan muchas leyes que, sin embargo, obedezco- pero no veo qué vida humana queda pisoteada en su dignidad por el hecho de asumir la responsabilidad que un juez ha jurado como funcionario público y acatar el cumplimiento de dicha ley.

Pero volvamos a la escuela. La afirmación de que Epc es una "intromisión descarada" en la moral arranca de un supuesto erróneo: el de que la escuela no encultura en valores a sus alumnos salvo cuando lo hace de forma tematizada y expresa, es decir, en forma de asignatura. La formación en valores es asumida por la normativa educativa de forma explícita, a través de asignaturas como la Ética, y de forma difusa –pero expresa en las leyes-, al asumir la transversalidad de dicha enseñanza. Los Foros anti-Ciudadanía saben perfectamente que los profesores de Educación Física transmiten a sus alumnos valores como la solidaridad, la higiene o el respeto al propio cuerpo. Otra cosa es que no censuren la homosexualidad, que no adiestren a sus alumnos con criterios tipo militarista o que no separen las prácticas escolares por sexos, pero ello es porque los valores que defienden el Opus, los kikos o la Conferencia Episcopal no coinciden con el espíritu extendido entre quienes nos dedicamos a la enseñanza pública. Lo sentimos. Por otra parte, hay cierto cinismo en el adjetivo “descarada”. ¿No será que en el fondo, lo que se intenta impedir no es que los profesores difundan valores, sino que lo hagan de forma expresa y tematizada a través de una asignatura con su curriculum correspondiente? ¿No será que lo que teme la Iglesia es perder la patente que como suministradora de valores morales tiende a autoatribuirse? ¿No será que lo que teme es que se descubra que la asignatura de Religión es perfectamente inútil?

Segundo error. El derecho constitucional a que los padres eduquen moralmente a sus hijos solo podríamos conculcarlo si arrebatásemos a los niños de sus casas y les obligáramos a vivir en la escuela. No conozco a ningún profesor que censure a un alumno por ir a misa el domingo o por qué siga el mandato paterno de hacer la cama o atender a su abuela enferma. Ahora bien, por todas partes escucho que la obligación de “formar”, lo cual supone no limitarse a transmitir conocimientos científicos, debe repartirse entre padres y profesores. Es lógico, soy yo quien en la escuela explica a los niños que no deben tirar al suelo del patio el bocadillo que han decidido no comerse, soy yo quien les enseña que los conflictos no se resuelven a tortazos, y yo quien les explica que las relaciones sexuales son una buena cosa pero no un juego de niños. Y si no lo soy, debo serlo, salvo que siga en la ingenuidad de pensar que mi única función es explicar la Teoría de las Ideas de Platón. Entre otras cosas, porque cuando explico a dicho autor y pido silencio o trato de estimular la lectura atenta y el debate ya estoy transmitiendo valores, tanto como cuando acudo a clase duchado y no oliendo a cerdo, me dejo el móvil fuera del aula porque cuando estoy en clase sólo me preocupa lo que allí sucede, o cuando evito fumar en la calle cuando los alumnos me están mirando porque creo que es una conducta peligrosamente imitable. ¿Adoctrinamiento? Solo los fascistas adoctrinan. Los demás razonamos nuestras afirmaciones y las sometemos a discusión. Creer que enseñar Ética supone someter al alumno a la tiranía de mis creencias personales es no entender que la Ética –definida en sentido aristotélico como la sabiduría respecto a la vida buena y digna- forma parte esencial del mapa de la Razón. Algo cínico que sean precisamente los expertos en censurar conductas y repartir cartas de virtud quienes más temen que los demás adoctrinemos: cree el ladrón que todos son de su condición. Yo razono, esa es mi fuerza, por eso soy profesor de Filosofía, de lo contrario me habría hecho cura o sargento.

¿Qué hay en el temario de la nueva asignatura que permita inferir una voluntad adoctrinadora? Por ejemplo, en el bloque 1 aparece un apartado denominado : “capacidad para aceptar las opiniones de los otros”. No conozco ningún profesor de Música ni de Francés que no promueva este tipo de actitud, ¿qué lo convierte en escandalosa convertida en asignatura? ¿por qué es tan grave que se tematice de forma “descarada” para niños de 11 años (2º de la ESO)? En el segundo bloque aparece “ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida”. Otra forma descarada de adoctrinamiento estalinista, no solo se enseña que debemos ser solidarios con los débiles sino que además es incluso posible que algunos profesores de Epc se atrevan a subir la nota a los alumnos que desarrollen en la práctica algún tipo de conducta solidaria, todo un atentado por lo visto contra el derecho a educar libremente a los hijos. Otro apartado para el escándalo: “Participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria”. Y esto no es todo. En el bloque 3 se habla de los derechos humanos como conquistas históricas, se promueven la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad y se valoran positivamente las conquistas históricas de la mujer, dándose por hecho que es real el fenómeno de la “feminización de la pobreza”. Cabe suponer que los estalinistas profesores de Epc serán incluso capaces de suspender a aquellos alumnos que desacrediten las opiniones de una compañera por el hecho de ser mujer con frases del tipo “las tías no tenéis ni idea” o que cuando se dirijan a un alumno inmigrante le espeten aquello de “vete a tu país”. Intolerable atentado a la libertad. Podría seguir leyendo y nos daríamos cuenta, ya hablando en serio, de que ni se intenta convertir a los niños en homosexuales, ni se les anima a violar monjas y a quemar conventos, ni siquiera se les orienta hacia el futuro voto a la izquierda… simplemente se les intenta formar en los valores que la sociedad actual acepta hoy en día comunmente para posibilitar la convivencia.

Hay pese a todo muchos puntos que cuestionar en el plan sobre la asignatura que aprobó el gobierno socialista, el cual por cierto no se caracteriza históricamente -ni con la LOGSE antes ni con las normativas implementadas por el Gabinete Zapatero ahora- ni por estimular la reflexión ética en las escuelas –prueba de ello es su paranoica persecución a las asignaturas del Departamento de Filosofía-, ni por restarle a la Iglesia sus inexplicables privilegios, y me refiero por ejemplo a la “anomalía salvaje” en la que vive la asignatura de Religión, el mayor y más tóxico de los residuos de la Dictadura de Franco con el que ha de cargar la escuela española. Y ello por no hablar de los privilegios de la escuela concertada, financiada por todos con la cobarde aquiescencia del gobierno socialista y verdadero meollo oculto de todo este asunto.

No ayuda mucho sin embargo a un debate razonable el que, por ejemplo, en el País Valenciano, el Gobierno Camps, a través de su creativo conseller Font de Mora, haya tramado la aplicación de la nueva asignatura en forma de esperpento, lo cual tendría mucha gracia de no ser porque suministra una prueba más de cómo la contienda partidista tiende a entrar sin miramientos y como un destroyer en el delicado ecosistema de la escuela. El conseller, no atreviéndose a proclamar una explícita objeción de conciencia por evidente miedo a los tribunales, ha optado por una doble opción que, probablemente, le lleve a un desastre todavía mayor. Hay una Opción A, que se impartirá obligatoriamente en lengua inglesa, y una Opción B, que consistirá en trabajos sin asistencia a la clase ordinaria, trabajos que el profesor pactará con los padres del alumno y que se redactarán en inglés. Desconozco si este modelo va a extenderse a asignaturas como Biología, donde los estalinistas profesores acostumbran a explicar algo tan objetable por razones de conciencia como el darwinismo, pero no estaría mal que los padres decidieran a cada momento qué tenemos que explicar en clase, qué criterios hemos de hacer valer para calificar, qué sesgo ideológico hemos de aplicar en nuestras explicaciones… Ya puestos podría extenderse a los cirujanos, que habrían de usar el bisturí con los familiares del enfermo en el quirófano para “consensuar” con él las líneas de corte adecuadas de la intervención.

No estaría mal por otra parte preguntarle al conseller si las trabas que pone sistemáticamente para el desarrollo de la escolaridad en lengua inglesa –reivindicación de muchas familias valencianas- se compensará ahora con la Opción A de Ciudadanía. Aunque me temo que se trata más bien de boicotear una normativa aprobada por el Parlamento español, que es presuntamente el encargado de gobernarnos. Salvo que los dirigentes del PP valenciano se hayan vuelto anarquistas y hayan optado por promover la desobediencia civil. No estaría mal si se tratara de luchar contra la pobreza, la desigualdad social, los maltratos a las mujeres, el bienestar de los ancianos y enfermos… pero sospecho que no van por ahí los tiros.

No se dejen engañar, no se pretende defender la libertad de las familias, se convierte a los niños en rehenes de una repugnante contienda partidista. Pero lo sobre todo encontramos en el transfondo de esta polémica es la decidida voluntad de los sectores ultra-conservadores del país por mantener los privilegios de la Iglesia Católica. Sólo así se explica tanto enconamiento, tanta manipulación, tanto esperpento…